Multas, regulaciones y tragedias de los comunes
By Enrique Dans
La noticia de la multa de seiscientos mil euros impuesta a Airbnb y HomeAway por el Ayuntamiento de Barcelona, segunda tras otra anterior de treinta mil euros decretada el pasado verano, deja claros los problemas derivados de la inadaptación a la disminución de los costes de transacción y coordinación impuesta por la popularización de internet.
Las plataformas como Airbnb o HomeAway solo son posibles gracias a internet. Antes de internet, las personas que querían alquilar una casa o una habitación, únicamente podían recurrir a canales ineficientes, anuncios en prensa local, recomendaciones de amigos o incluso ofrecer su alojamiento a personas que salían de una estación de trenes o autobuses.
Este tipo de actividades se encuadraban, en la inmensa mayoría de los casos, en la economía sumergida, y permanecían al margen de la regulación: eran, simplemente, difíciles de detectar, salvo por las quejas de los vecinos cuando se producían excesos.
Contrariamente a lo que muchos parecen pensar, las plataformas llegaron para crear entornos que facilitaban no solo el desarrollo de la actividad, sino también su control. Oír al enésimo periodista o tertuliano hablar de Airbnb y HomeAway como supuestos facilitadores de la economía sumergida es una clarísima prueba de ignorancia supina: lo que esas plataformas hacen, precisamente, es crear un entorno en el que esa actividad pasa a tener lugar dentro de un sistema que permite su control. Cuando alquilamos una propiedad en estas plataformas, toda la operación pasa a estar cuidadosamente registrada, y puede ser requerida por el correspondiente ayuntamiento o por la hacienda pública, como ocurre en otras ciudades del mundo. Las plataformas no generan economía sumergida, lo que hacen es precisamente todo lo contrario: introducir transparencia en un mercado que antes no la tenía. Son varias las ciudades que pactan con Airbnb, por ejemplo, la recaudación de tasas al turismo, o que solicitan el detalle de sus operaciones para proceder a aplicar los correspondientes impuestos a los ingresos obtenidos por los propietarios de inmuebles.
Barcelona es una de las ciudades más populares en Airbnb, concretamente la sexta del mundo con mayor número de propiedades en alquiler. En julio de 2016, Forbes afirmaba, con datos de la propia Airbnb, que la compañía ofrecía 23,000 propiedades entre viviendas completas y habitaciones privadas o compartidas, aunque a día de hoy, la página de Airbnb lista exactamente 14,855. Los efectos de la actividad de Airbnb sobre el mercado inmobiliario barcelonés son evidentes: la ley de la oferta y la demanda ha llevado a que la mejor forma de rentabilizar una propiedad en la ciudad sea ofrecerla en formato de alquiler corto en épocas turísticas, lo que ha llevado a muchos propietarios a llenar sus pisos de camas y a alojar un tipo de turismo que, indudablemente, genera molestias. Según informes encargados por el Ayuntamiento de Barcelona, alquilar una propiedad en plataformas de corta estancia supone ingresos entre 2.3 y 4 veces superiores que hacerlo en un alquiler convencional, con beneficios entre el 7% y el 13% frente al 3% o el 4%.
Airbnb ha generado un recurso que muchos pretenden explotar maximizando sus beneficios a toda costa, lo que genera un caso claro de lo que en Economía se conoce como “tragedia de los comunes“: una situación en la cual varios individuos, motivados solo por el interés personal y actuando independiente pero racionalmente, terminan por destruir un recurso compartido limitado (el común) aunque a ninguno de ellos, ya sea como individuos o en conjunto, les convenga que tal destrucción suceda. La forma de enfrentarse a la tragedia de los comunes ha sido históricamente regulando el acceso al recurso, algo que en este caso resulta indudablemente complejo y requiere una acción cuidadosa.
La acusación del Ayuntamiento a Airbnb y HomeAway afirma que estas plataformas ofrecen alquiler de propiedades ilegales, y parte de una premisa convertida por el propio Ayuntamiento en absurda. Alquilar sin licencia no equivale a moverse en la economía sumergida: si hay propietarios de inmuebles alquilando a través de esas plataformas y no declarando sus ingresos no es responsabilidad de esas plataformas, sino de esos propietarios y de las instituciones públicas por no aprovechar las posibilidades que ofrecen para ejercer control sobre la actividad. Demandar una licencia para esa actividad, en el contexto actual de Barcelona, supone un problema: hace más de dos años y medio que en la ciudad no se conceden nuevas licencias, desde que el ex-alcalde Xavier Trias dictó una moratoria que congeló la oferta legal. Actualmente se calcula que existen en Barcelona 15,881 apartamentos turísticos, de los que 9,606 tienen licencia, y 6,275, no, lo que supondría que el 39.5% de la oferta sería actualmente ilegal. Esa situación es sencillamente absurda e insostenible, y requiere una corrección inmediata: el problema no está en las plataformas de alquiler, sino en un Ayuntamiento que, con su inmovilismo, es quien directamente provoca el problema. El alquiler de corta estancia es una demanda evidente, y pretender que se acomode en la oferta existente manteniéndola completamente inalterada es una manera evidente de buscar el conflicto.
Si entendemos el funcionamiento de estas plataformas y de internet en general, resulta evidente que pretender que el alquiler de corta estancia desaparezca como actividad o se acomode en el número de licencias existentes es completamente absurdo, es una estrategia similar a la del avestruz. Para poner la actividad bajo control, además de colaborar intensamente con las plataformas que ofrecen esos alquileres, se puede optar por demandar a los propietarios de inmuebles ofrecidos en esas plataformas que cumplan con una normativa determinada – siempre que no sea excesivamente restrictiva – o que su actividad no genere molestias, pero la responsabilidad no será de la plataforma que ofrece esas propiedades, sino de aquellos que, con el fin de maximizar sus beneficios, renuncian a todo control.
En cualquier caso, la solución no está en pedir a esas plataformas que excluyan a aquellos que no tienen unas licencias que no pueden obtener aunque lo deseen, sino regularizar adecuadamente el mercado para que responda a la actual situación de oferta y demanda. Las cosas no se arreglan planteando mercados imperfectos, porque ese mercado imperfecto se convierte, precisamente, en la fuente del problema. Las soluciones que se puedan plantear al problema que supone el incremento descontrolado de la oferta turística no pueden partir de sanciones, multas y demonización de las plataformas, sino de un diálogo sereno y reposado con ellas que busque un equilibrio entre la libertad de quienes quieran obtener unos ingresos extra alquilando un inmueble o una habitación, y el control necesario para que esa actividad no se convierta en molesta. Lo contrario no solo es partir de premisas erróneas, sino además, pretender parar un fenómeno imparable que está teniendo lugar en todas las ciudades del mundo, generando riqueza y muy buenas experiencias a muchísimos usuarios. Ser, de todas esas ciudades, la que más se resiste al progreso o la que impone la multa más elevada es un muy triste honor.
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