Regulación y sobrerregulación
By Enrique Dans
El affaire entre el Department of Motor Vehicles (DMV) de California y Uber a cuenta de la necesidad o no de una licencia para operar vehículos autónomos termina con la revocación de la licencia de circulación de los automóviles de la compañía, y con la decisión de trasladar sus dieciséis vehículos Volvo XC90 para continuar con su operación en la contigua Arizona, donde el Gobernador del Estado, el republicano Doug Ducey, les da una calurosa bienvenida con un comunicado oficial y tacha el caso californiano de “un ejemplo de sobrerregulación“.
La cuestión de la regulación y, sobre todo, de la forma de aplicarla, parece estar convirtiéndose en un asunta cada vez más estratégico. Los argumentos de ambas partes parecen sumamente claros: por un lado, el estado de California y su DMV, que afirman que todas las compañías que han operado vehículos autónomos en pruebas en su jurisdicción han solicitado la correspondiente licencia, y que, por tanto, Uber tiene que hacer lo mismo. Por otro, la compañía, que afirma que sus vehículos, por mucho que los anuncie como autónomos, no lo son, que simplemente plantean ayudas a la conducción y operan siempre con un conductor tras el volante, y que por tanto, su actuación es exactamente la misma que cualquier vehículo similar a los Model S de Tesla, que no requieren ningún tipo de licencia especial. Mientras el DMV afirma que Uber ofrece un servicio en pruebas, y que la licencia es por tanto necesaria para su operación, Uber afirma que la licencia no es necesaria, porque sus conductores son iguales a los que conducen un Tesla o cualquier otro vehículo con ayudas a la conducción más o menos sofisticadas.
El resultado de esta discusión es claro: el DMV tiene la potestad de ejecutar la legislación, no admite interpretaciones, y cancela la licencia de circulación de los vehículos, lo que obliga a Uber a detener el servicio. Esto es lo que dice la ley, y la ley está para cumplirse, no se negocia ni se interpreta, como si fuese la sharia. Uber podría aceptarlo, simplemente solicitar la licencia en cuestión, que le sería concedida con total seguridad, y continuar con su servicio, pero en su lugar, decide plantarse y trasladar vehículos y servicio a Arizona. ¿Resultado? Ahora, los beneficios derivados del desarrollo de la tecnología se materializarán allí, y no en California. Explicar de qué hablamos exactamente es sencillo: puestos de trabajo sofisticados y con futuro asociados al desarrollo tecnológico, imagen de innovación, investigación y desarrollo en las universidades de la zona, más opciones de transporte para los residentes del estado y, a medida que la tecnología va mejorando progresivamente, mayor seguridad. La cuestión es clara: si pudiesen elegir, todos los países o estados del mundo escogerían sin duda ser la sede de cuantas más compañías tecnológicas, mejor. Algunos países, de hecho, han convertido la idea de atraer a compañías tecnológicas y fomentar su crecimiento local en una auténtica estrategia de desarrollo, como es el caso, con muy distintos matices, de Corea del Sur (mediante desarrollo doméstico) o de Irlanda (mediante incentivos fiscales al asentamiento).
La discusión, por tanto, parece clara: no cabe ninguna duda que si interpretamos la regulación al pie de la letra, podemos paralizar la actividad de una compañía. Pero si la compañía, en respuesta, traslada sus actividades a otro estado… ¿quién ha salido ganando? ¿De verdad piensa el DMV que la situación que ha provocado es mejor para los californianos? ¿Que los ha protegido? ¿O simplemente ha mantenido una posición inmovilista y ha provocado que los empleos, la investigación, la imagen de progreso y los beneficios que iba a traer consigo la actividad de la compañía se materialicen en otro sitio? ¿Vale de verdad la pena ser tan rígido en la aplicación de la regulación como para convertirla en un desincentivo a la radicación de compañías que, por la naturaleza de su actividad, demandan una mayor flexibilidad?
Partamos de nuevo de la base adecuada: obviamente, quien piense que las compañías tecnológicas son poco menos que “el eje del mal”, que eliminan puestos de trabajo o que amenazan nuestro modo de vida y nuestras costumbres, estará encantado de que la regulación se aplique hasta sus últimas consecuencias, y no derramarán ninguna lágrima cuando esas compañías se vayan a otro sitio. Pero… ¿es esa actitud sostenible? Generacionalmente, los que sostienen ese tipo de actitudes están siendo progresiva y rápidamente sustituidos por jóvenes que demandan más tecnología, más avances, más conveniencia y más desarrollo, e indudablemente, la naturaleza del crecimiento económico que genera un territorio “tradicionalista”, que terminaría por parecerse a algún tipo de teocracia o dictadura que no restringe la libertad de las compañías para innovar, no se parece en nada al que puede obtener un territorio progresista, que apoya la tecnología y que hace lo que puede para atraer a las compañías que la desarrollan. Es, básicamente, comprometerse con las tradiciones y el pasado, frente a comprometerse con el futuro.
A medida que la tecnología avanza, los territorios deben adaptar sus prioridades, sus políticas y su regulación para tratar de mantener su competitividad, Si frente a esto contestamos con una actitud del tipo “la ley es igual para todos, son lentejas y o las comes, o las dejas”, anularemos con ello la posibilidad de que la regulación cambie, avance, y se vaya adaptando, gracias a compañías que empujan los límites de su actuación. Hay territorios que usan la regulación como un freno, y otros que la usan como un arma, flexibilizándola o adaptándola como mejor creen que conviene a cada situación. Y si los gobiernos eligen aplicar la regulación de manera rígida hasta sus últimas consecuencias y no lo explican muy bien, tal vez se encuentren con sorpresas o consecuencias derivadas de su elección… en las próximas elecciones. Vivir en un territorio que no se adapta a los tiempos y al contexto tecnológico es algo que cada vez le gusta a menos gente.
Al final, el resultado neto de toda esta historia es malo para todos, y solo beneficia a quien sabe aprovechar sus oportunidades. California pierde porque ve huir a una compañía innovadora que generaba abundantes recursos, Uber pierde porque ya no tiene la posibilidad de probar su tecnología en un escaparate como San Francisco, y los ciudadanos en su conjunto pierden porque pierden la posibilidad de trabajar en esa compañía, investigar para ella o convertirse en usuarios de sus productos futuristas. La comparación entre las reacciones del gobierno de California y de Arizona en este caso se parecen mucho a lo que ocurre desde hace muchos años entre los Estados Unidos y Europa, o entre países que atraen inversión y tecnología frente a países que la hacen huir. Aquellos que ofrecen sus territorios como laboratorios de pruebas, como sitios propicios para la innovación y el desarrollo, terminan obteniendo beneficios de todo tipo, desde imagen de compromiso con el futuro, hasta inversión, puestos de trabajo sostenibles o calidad de vida.
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