La policía, las cámaras y las leyes mordaza
By Enrique Dans
En su momento hablamos de la incorporación de cámaras, las llamadas body-cams o body-worn cameras, como ejemplo de caso interesante de dimensionamiento tecnológico en el que se especulaba con que los importantes costes de implantación, tanto por los dispositivos como por el espacio de almacenamiento en la nube necesario para su operación continua, podían llegar a ser compensados por la reducción de los costes legales necesarios para hacer frente a las reclamaciones de los ciudadanos por la actuación policial.
Ahora, un estudio de la Universidad de Cambridge demuestra que el uso de este tipo de cámaras tiene precisamente ese efecto: la práctica desaparición de las demandas contra la policía. Las cámaras introducen un elemento de control que funciona en dos sentidos: por un lado, protege al ciudadano de posibles excesos en la actuación policial al hacer que los agentes se sientan de alguna manera bajo observación permanente. Por otro, protege a los agentes de reclamaciones de los ciudadanos carentes de base, al constituir un registro completamente transparente de los hechos que, en muchos casos, puede resultar una prueba concluyente de las responsabilidades implicadas en una actuación policial determinada.
El éxito de este tipo de dispositivos prueba que aunque en democracia el Estado ostente el monopolio de la violencia y la utilice con el fin de controlar el orden público, la introducción de medidas que permitan establecer controles transparentes a la actuación policial puede llegar a resultar sumamente recomendable. El uso de body-cams en la policía comenzó en Dinamarca en el año 2005, aunque la primera prueba que generó un nivel de atención importante tuvo lugar en el Reino Unido. A partir de ahí, han sido incorporadas por las policías de países como los Estados Unidos, Canadá, Alemania, Australia y Holanda: existe una cierta discusión sobre si el nivel de transparencia y control que introducen está más pensado para proteger a los ciudadanos o a la policía, pero en general, las asociaciones de derechos civiles las reconocen como un efecto sumamente positivo y una victoria para todos, al proporcionar un punto de vista más que, en muchas ocasiones, puede contrastarse con otras evidencias de vídeo tomadas por los ciudadanos, en una época en la que prácticamente todos llevamos una cámara en el bolsillo.
En la mayoría de los países civilizados, grabar una actuación policial es perfectamente legal, y además, como vemos, se trata de poner más luz sobre las mismas haciendo que los propios policías lleven cámaras pegadas a su cuerpo. La tendencia contrasta duramente con la realidad española, en donde una polémica Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana aprobada por el gobierno del Partido Popular en 2015, conocida popular e internacionalmente como “ley mordaza” y denunciada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos prohibe no solamente grabar a la policía incluso a los periodistas, sino que otorga absoluta credibilidad al relato policial ignorando que la labor de protección de la seguridad debe considerarse siempre como un balance.
En su momento, un editorial del New York Times afirmó que “esta ley trae recuerdos de los peores días del régimen de Franco y no procede en una nación democrática”, e instó a la Comisión Europea a apresurarse a condenar la nueva ley, citando al relator de las Naciones Unidas, que también instó a los legisladores españoles a proceder a su derogación. En un artículo posterior, el New York Times reflejó las opiniones al respecto tanto de Amnesty International como de Human Rights Watch, que consideran que la ley supone una “amenaza directa a los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión en España”.
Por supuesto, dado el carácter de la ley, no existe ningún tipo de mención al uso de cámaras por parte de las propias fuerzas policiales, ignorando completamente una tendencia que se está imponiendo en muchas democracias consolidadas y que ahora, con estudios como el comentado anteriormente, prueban claramente su utilidad. Mientras en algunos países no solo es legal grabar a la policía, sino que la propia policía se graba a sí misma mediante body-cams, en España no solo carecen de este tipo de dispositivos, sino que además, ocultan en muchas ocasiones sus números de identificación, es delito grabarlos, y su testimonio sobre su actuación no admite discusión alguna, convirtiéndolos automáticamente en juez y parte. Un policía es un profesional sujeto a un adiestramiento, pero su actuación no está exenta de errores ni de tentaciones que existen en todo ser humano, y todos, policías y ciudadanos, podemos beneficiarnos de la existencia de mayores niveles de control. Ante una actitud como la del gobierno español, la cuestión ya no es que pueda existir tecnología adecuada y probada para evitar abusos, sino que exista la más mínima voluntad de hacerlo. Una simple cuestión de querer ir en contra de las tendencias y de los tiempos. O de falta de calidad democrática.
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