La mayor crisis de la democracia en toda su historia

La mayor crisis de la democracia en toda su historia

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By Enrique Dans

Con las midterms norteamericanas a punto de consumarse y etiquetadas como cruciales, el Departamento de Justicia norteamericano acusa a Rusia de interferir en su proceso electoral a través del llamado Project Lakhta, consistente en la creación de miles de cuentas de correo electrónico y perfiles falsos en redes sociales que ocultaban su identidad utilizando VPNs, y pretendían ser activistas norteamericanos que generaban contenido en un amplio rango de temas destinados a generar división, tales como el control de las armas, las relaciones raciales o la inmigración. Las mismas tácticas (o parecidas) que llevaron a la Casa Blanca a Donald Trump, que en estas elecciones vuelve a ser el mayor anunciante en Facebook, siguen ejecutándose con muy leves variaciones.

Mientras, en Brasil, la desinformación se extiende sin freno a través de WhatsApp, una herramienta que utilizan constantemente 120 millones de brasileños, y la compañía afirma que tomará acciones legales contra quienes la utilicen para campañas de spam y desinformación electoral. Según las investigaciones preliminares, todo indica que el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro ha tomado a Donald Trump como modelo y, en una campaña repleta de acusaciones de financiación ilegal, ha pagado a través de diferentes compañías a múltiples agencias de social media para enviar cientos de millones de mensajes con desinformación, rumores y noticias falsas a los smartphones de ciudadanos brasileños atacando a su oponente, Fernando Haddad.

En un estudio reciente sobre cien mil imágenes difundidas a través de WhatsApp durante la campaña electoral, más de la mitad contenían información falsa o manipulada. La campaña de WhatsApp llevada a cabo por Bolsonaro podría suponer hasta tres infracciones de la ley electoral brasileña, por implicar a compañías , que tienen prohibido realizar donaciones políticas, en la financiación de la operación, porque cualquier gasto electoral debe estar convenientemente registrado con los reguladores, y porque la compra masiva de listados de números de teléfono para distribuir mensajes es ilegal. Si se llega a demostrar que Bolsonaro se benefició de la masiva campaña, su candidatura podría ser cancelada, o en caso de haber sido ya elegido, podría ser destituido de la presidencia, pero existe un marcado escepticismo sobre las posibilidades de actuación de una legislación electoral que tiende a actuar de manera limitada y, habitualmente, muy tarde.

Las elecciones norteamericanas y brasileñas no son más que los últimos ejemplos de la que es, sin duda, la mayor crisis de la democracia en toda su historia: el uso de una herramienta tecnológica, las redes sociales y su capacidad para el micro-targeting, para manipular a los votantes mediante mensajes inflamatorios y noticias falsas. Toda campaña electoral consiste en tratar de convencer a los votantes para que dirijan su voto hacia una opción determinada, pero los elementos utilizados para ello tienen que estar dentro de unos límites razonables, y sobre todo, no incluir interferencias de países extranjeros o actividades directamente ilegales que vulneran la legislación electoral. En campaña valen muchas cosas, pero no puede valer todo, y no está en absoluto claro que las acciones de Facebook en su nueva war room estén realmente sirviendo de algo para detener esos procesos de manipulación.

La situación es completamente excepcional, y enormemente preocupante en cuanto a su trascendencia por lo que supone de amenaza a la forma de gobierno de la mayoría de los países occidentales. Es sin duda algo que nos vamos a encontrar, repetido con escasas variaciones, en todo proceso electoral que venga a partir de ahora, en cada país, hasta poner a la democracia bajo una sombra de permanente sospecha. Es el momento de entender que situaciones excepcionales reclaman medidas excepcionales. Medidas que es temerario limitar únicamente a las soluciones que puedan proponer las propias compañías tecnológicas y de redes sociales, y que tienen necesariamente que incluir el dotar de dientes a la legislación electoral, la exclusión sumaria de todo candidato que recurra a este tipo de armas, y el control minucioso de la influencia extranjera en los procesos. La legislación electoral, sencillamente, ha demostrado no estar a la altura del escenario tecnológico actual, y resulta imprescindible lograr que pueda estarlo lo antes posible. ¿Está la democracia preparada para responder a un problema así, que cuestiona su propia esencia y naturaleza? Hasta el momento, no lo ha estado. Y las consecuencias están siendo gravísimas.

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