El mito de la «descarbonización ordenada»
By Enrique Dans
El anuncio del cierre de la central eléctrica de As Pontes, propiedad de Endesa, supone un importante avance en la descarbonización del mapa de producción eléctrica español, aunque tiene también asociado un enorme impacto económico y social que afectará a una zona ya bastante castigada por la reconversión industrial y que se extiende no solo a los trabajadores de la compañía, sino también a transportistas de carbón y del cercano puerto de Ferrol. La otra central térmica gallega, Meirama, ya anunció su cierre el pasado mes de marzo, así como Velilla (Palencia), Lada y Narcea (Asturias), Litoral (Almería), Andorra (Teruel) y La Robla y Compostilla (León) ya han anunciado también su cierre. Quedan por cerrar o anunciar su cierre la de Los Barrios (Cádiz), y las de Aboño y Soto de Ribera (Asturias), propiedad de Viesgo y de EDP respectivamente.
Las centrales térmicas españolas cierran porque es, ni más ni menos, lo que tiene que ocurrir. Porque su funcionamiento es completamente insostenible en términos de generación de productos generadores de efecto invernadero, y porque se han generado las condiciones para que sean sus propietarios, las empresas eléctricas, los que, enfrentados con unas condiciones de mercado determinadas, deciden que no resulta rentable seguir explotándolas. En tan solo un año, la Unión Europea ha incrementado el precio de los derechos de emisión de una tonelada de dióxido de carbono casi un 60%, desde los 16 a los 25 euros, lo cual, combinado con el llamado «céntimo verde» español, convierte a la energía eléctrica producida en este tipo de instalaciones en sensiblemente más cara que la producida mediante energías renovables.
La central de As Pontes se construyó, como la de Meirama, en los años ’70, para aprovechar los yacimientos de lignitos pardos de la zona. Eran, simplemente, otros tiempo, en los que las emisiones se estimaban como un problema menor, en donde aún no alcanzábamos a imaginar sus consecuencias. Posteriormente, en los ’90, sus calderas fueron modificadas para pasar a utilizar una mezcla de esos lignitos pardos, que generaban un muy elevado nivel de emisiones contaminantes, con carbón de más calidad adquirido en el exterior, una reconversión que culminó en los primeros años del siglo XXI, en donde se abandonó finalmente el uso de lignitos pardos y que supuso ya el cierre de las minas locales – y en el caso de As Pontes, la creación, al rellenar la explotación a cielo abierto, de su conocido lago artificial.
La central térmica de As Pontes es una de las más contaminantes de Europa. Que recientemente se hubiesen aprobado obras de reforma cifradas en más de doscientos millones de euros para tratar de reducir esas emisiones, con la idea de prolongar su funcionamiento, no debe afectar al hecho de que el mercado, aplicando las correspondientes tasas que impone a esas emisiones, convierta su operación en no rentable. Prolongar explotaciones no rentables con el fin de mantener puestos de trabajo es ya de por sí insostenible, pero lo es más aún cuando los efectos secundarios derivados de ello son los que nos están condenando a una emergencia climática que supone el mayor desafío de la historia de la humanidad.
Para cualquier político, la perspectiva de huelgas, disturbios y empobrecimiento de su territorio por el cierre de una compañía es una perspectiva sin duda incómoda, pero hay que entender y racionalizar lo que subyace tras esos cierres: simplemente, nos hemos quedado sin tiempo. No nos podemos permitir seguir contaminando para mantener una actividad contaminante. El razonamiento de «pero en otros países sí lo hacen», o «tal otra actividad también contamina» no funciona aquí: todas esas emisiones van a la misma atmósfera del mismo planeta, ese en el que vivimos todos, y nos matan a todos. Si nos planteamos igualar, planteémoslo por lo bajo, no por lo alto: intentar obligar a otros a eliminar sus emisiones, no intentar mantener las nuestras.
No hay justificación posible, ni plazos de ningún tipo: la generación de electricidad mediante la quema de combustibles fósiles debe terminar lo antes posible, aunque ello suponga la pérdida de empleos y de riqueza. No puede plantearse una descarbonización «ordenada», un eufemismo que significa «sigamos contaminando unos años más», sino, simplemente, «lo más rápida posible». La descarbonización no debe ser «ordenada», debe ser urgente. Cuanto antes, cueste lo que cueste, porque esto no es una cuestión económica. Ni un paso atrás. Podemos – y deberemos – trabajar en la reconversión de las industrias: promover la construcción de instalaciones eólicas en nuestro territorio o en sus costas, de placas solares o de cualquier otra actividad susceptible de generar empleos, pero no insistir en seguir emitiendo a cambio de más puestos de trabajo.
Por otro lado, la descarbonización de la economía tal y como la conocemos, bien planteada, puede ser un gran generador de actividad y de puestos de trabajo, como bien saben algunos políticos norteamericanos. Pero el egoísmo, el cortoplacismo y el «sigo contaminando unos años a cambio de unos puestos de trabajo», simplemente, ya no es justificable. No es un capricho, no es algo arbitrario: es, simplemente, lo que hay que hacer, nos guste o no. En pocas ocasiones en la historia se han planteado reconversiones con tanta razón de ser. Oponerse no es luchar contra el progreso: es luchar contra la supervivencia.
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